CARM: ¿Pedir un préstamo “para el Mar Menor” mientras se bonifican 8 millones a las casas de apuestas?

La pretensión de obtener fondos del Banco Europeo de Inversiones para sortear la Ley de Estabilidad Presupuestaria se convierte en el enésimo elemento de confrontación partidista entre el ejecutivo regional murciano y el gobierno de la nación.

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Fauna marina muerta durante el proceso de anoxia de octubre de 2019 en el Mar Menor.

Desde la llegada a la Moncloa del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, se ha venido siguiendo desde el gobierno regional murciano una política de abierta confrontación,  donde la gestión del agua (no prolongación del decreto de sequía, trasvase “cero” para agricultura…) y la situación crítica del Mar Menor (y la ejecución del Plan de Vertido Cero) sirven como munición demagógica. Report this ad

Sin pretensión de blanquear la gestión de Sánchez (presidente), Ribera (MITECO) y Morán (Secr.Estado para Medio Ambiente), ampliamente criticable por decisiones de tal calibre como seguir adelante con el recrecimiento del pantano de Yesa, lo cierto es que la estrategia de inventarse bulos y desviar las responsabilidades por parte de López Miras y sus consejeros ya roza lo ridículo. Porque además, en la mayoría de casos, saben de sobras que les van a “pillar” en la mentira bien pronto… aunque en sus cabezas deben aplicar aquello del “difama, que algo queda”.

La última polémica artificial está relacionada con un presunto “bloqueo” -por parte de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero- de un préstamo solicitado por la CARM al Banco Europeo de Inversiones “con destino al Mar Menor”. Titular sensacionalista por el cual la prensa recibirá mucho tráfico en su web, mientras se da a entender -a quienes no leen más allá del titular- que “la coalición socialista-comunista-separatista” solo persigue el objetivo de perjudicar al Partido Popular. Cuando, en realidad, se trata simple y llanamente de aplicar la legislación vigente.

¡¡Y eso suponiendo que finalmente el informe de Hacienda sea desfavorable, pues todavía no hay pronunciamiento formal del tema!!
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Del contexto a los hechos

Pese al trasfondo partidista en todo el embrollo, y el recurso emocional a la situación del Mar Menor -motivo por el cual nos acabamos haciendo eco del asunto-, lo cierto es que el problema real es de carácter meramente macroeconómico. Y es que la Región de Murcia es la segunda autonomía con mayor déficit estructural de todo el país (detrás de la Comunidad Valenciana, de distinto color político), y viene recibiendo apercibimientos desde hace tiempo por incumplimiento sistemático de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Resultando en un fuerte crecimiento del endeudamiento autonómico.

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Desde la implantación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, la Región de Murcia ha venido incumpliendo sistemáticamente. Fuente: Informe de cumplimiento AIREF

En el informe de este pasado verano de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), ya se venía adelantando que “se considera muy improbable que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cumpla el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB, con un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto”. Y, en relación a la deuda, considera también que “el riesgo para la sostenibilidad (financiera) de Región de Murcia es muy alto”. Siendo por tanto de aplicación las medidas de restricción que contempla la Ley Orgánica 2/2012, popularmente conocida como “Ley Montoro” (por el anterior ministro popular que la diseñó). Entre ellas, la que prohíbe las operaciones de nuevo endeudamiento neto, que en acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017 (época popular) se marcó para el ejercicio 2020.

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La deuda autonómica de la CARM no solo ha crecido fuertemente durante la crisis, sino que sigue incrementándose incluso después de la recuperación. Fuente: Informe de cumplimiento AIREF

Y es dentro de este contexto que se produce la famosa “gota fría” del pasado mes de septiembre, y consiguiente declaración de zona catastrófica. Y la mortandad masiva de peces y crustáceos que puso al Mar Menor en todos los telediarios y en el centro de la disputa política.

Para el Gobierno Regional de Murcia el acontecimiento supuso, de golpe y porrazo, caerse del guindo ante una serie de inversiones y gastos que debería haber acometido hace tiempo. Además de las obvias reparaciones. De forma que solicitó la aplicación de lo previsto en el artículo 11.3 de la “Ley Montoro”: la posibilidad de incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera”. Al fin y al cabo, había sido una situación calamitosa ¿no?

Así que, ni corto ni perezoso, comenzó a tramitar la solicitud de un crédito por valor de 320 millones de euros (“incluso estarían dispuestos a ampliar esta estimación inicial en caso de que fuese necesario”) vinculado al Mar Menor. Unos 120 dedicados a la reparación de los daños causados por las inundaciones, y 200 para “hacer frente a la inversión necesaria para poner en marcha algunas de las medidas urgentes y proyectos incluidos en el Plan Vertido Cero“. Además, exigió que se consideraran “fondos extrapresupuestarios”, que no computen ni para los objetivos de déficit y deuda
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El diablo está en los detalles: de trampas e interpretaciones cuestionables

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Encabezado del Real Decreto-Ley que declara “zona catastrófica” a la Región de Murcia. Fuente: Boletín Oficial del Estado

Pero el recurso al artículo 11.3 de la “Ley Montoro” no es ni mucho menos algo tan automático, ni tan dependiente de la voluntad del Gobierno. En primer lugar, cabe señalar que las catástrofes naturales y situaciones de emergencia deben ser “apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”. Algo que, según el Gobierno Regional, sucedería con el Real Decreto-ley 11/2019 (la declaración de zona catastrófica).

Sin embargo, este Real Decreto-ley ni habilita explícitamente a la CARM para incurrir en un endeudamiento extraordinario (sin embargo, sí menciona las reglas aplicables a los Ayuntamientos y a los Presupuestos Generales del Estado), ni mucho menos fue aprobado por mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados sino simplemente convalidado en la Diputación Permanente (como corresponde a los Reales Decretos-Ley, y ha sido usado profusamente para saltarse los controles parlamentarios).

Más allá de la interpretación que se pueda hacer sobre este “detalle” -que por lo demás no debería presentar especiales problemas, pues bastaría con llevarlo a una votación explícita en el Congreso de los Diputados-, los condicionantes del artículo 11.3 de la “Ley Montoro” van mucho más allá: la CARM no puede simplemente sacar esos fondos de presupuesto y hacer como si no existieran, sino que “deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento”.

Y aquí es donde los desencuentros entre Estado y CARM han terminado en choque de trenes, pues no se aprecia en el proyecto de Presupuestos Regionales 2020 intención alguna de reequilibrar las cuentas ante un hipotético endeudamiento adicional importante. Al contrario: se saca pecho de bajar impuestos por valor de 18 millones de euros anuales mientras el pago a proveedores se retrasa más y más.
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Beneficios fiscales millonarios a salones de juego y grandes herencias

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Los Presupuestos 2020 incluyen casi 8 millones de euros en exenciones a tragaperras. Foto: ElPeriódicoDeYecla.com

Pero aunque los 18 millones del IRPF sean -por lo profusamente anunciado en prensa- el ejemplo más claro de la falta de voluntad en consolidar las cuentas regionales, no hay nada mejor que escarbar un poco en la documentación menos anunciada para encontrar medidas que promueven un modelo de sociedad cuanto menos cuestionable, que en ocasiones rozan el esperpento.

Concretamente, si nos detenemos a leer el análisis de exenciones y beneficios fiscales del presupuesto de ingresos consolidado, podemos comprobar que junto a unas políticas socialmente deseables (p.ej. para facilitar la adquisición de viviendas adaptadas a discapacitados) conviven estas otras medidas disparatadas:

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