“Hijos de” y apellidos ilustres afrontan años de cárcel por los negocios corruptos de Defex

Nacieron después de la guerra. Se criaron en el ambiente de la aristocracia militar, entre ingenieros y marinos. Forman una segunda generación ligada a la jerarquía de la Armada Española que optó por los negocios. En esta ocasión no los ha reunido una puesta de largo, un bautizo o un funeral; esta semana, la Fiscalía Anticorrupción ha emitido un escrito de conclusiones que, junto a las otras dos piezas investigadas en torno el caso Defex, arroja dudas sobre la honorabilidad de algunos apellidos honorables: Larumbe, Iglesias-Sarriá, Cervera, Blanco-Traba, Cerrolaza, Andreu o De Gortázar.

El miércoles, el Ministerio Público, a través del fiscal Conrado Saiz, lanzaba un escrito de acusación en el que solicita condenas desde 15 hasta 29 años para los principales implicados en el escándalo que juzga el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata. Son al menos once contratos, firmados desde 2011 hasta 2016, que habrían movido cien millones de euros en mordidas o sobornos a altas instancias del régimen de Arabia Saudí. Junto a otras dos piezas sobre la actividad de Defex, como los contratos con Angola o Camerún, ya suman más de 220 millones repartidos entre los comisionistas. Es el mayor caso de corrupción, midiéndolo en dinero, de la democracia española. Y aún quedan pendientes las investigaciones sobre contratos con cuerpos armados de Egipto, Senegal, Gabón o Argelia.

Tanto los responsables de Defex como las empresas mercantiles que llevaron a cabo las transacciones investigadas por la fiscalía afrontan delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, organización criminal y, en determinados casos, de blanqueo de capitales. Además, varias empresas, entre otras la propia Defex —hoy cerrada por el Gobierno—, afrontan el pago de millones de euros en concepto de indemnizaciones.

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