Denuncian que las casas de apuestas ofrecen a los estudiantes “bocadillo, refresco y dinero para apostar ( Paqui Pérez Peregrín)

Los yayoflautas han protestado frente al Ayuntamiento de Murcia para pedir que se saquen los salones de apuestas de las ciudades

Carmen Murcia, miembro de este colectivo de mayores, ha explicado en La Ventana de la Región de Murcia que un tercio de los suicidios en Murcia están relacionados con la ludopatía y denuncia que está ocurriendo “como antaño con la droga y las casas de apuestas tienen a jóvenes que hacen de relaciones públicas y cuando los estudiantes salen al recreo les invitan a un bocadillo y un refreso, y les dan un euro para apostar. Es una novedad y van, y a algunos les toca. Ahí empieza el gusanillo”

Aunque es la Comunidad Autónoma la que tiene la competencia para regular esta actividad, los ayuntamientos tienen competencia para dar o no las licencias.

Hoy los yayoflautas han protestado frente al Ayuntamiento de Murcia. Explica Carmen que “tenemos entendido que en la Región no se van a dar más licencias, pero ¿qué va a pasar con las que ya existen? Las queremos fuera, que haya que coger el coche para poder apostar”, sentencia”.

De Ahí, que pidan a ambas administraciones que pongan coto a esta actividad. Solicitan que no se den nuevas autorizaciones, y que las que hay y están frente a los colegios se saquen fuera.

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/27/radio_murcia/1580152609_850916.html
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Toxinas en tu mesa, invita a los profesores de la universidad a comer en tu casa, y te mandan a la mierda

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Un colegio de Málaga recicla de la basura los restos de la gala de los Goya

(Jesús Sánchez Orellana)

Parte la alfombra roja que este sábado pisaron decenas de actores, actrices, directores de cine, académicos e invitados a la ceremonia de entrega de los Premios Goya, que tuvo lugar en Málaga, acabarán teniendo un nuevo uso en un colegio.

Algunas de las estructuras de madera usadas durante la gala
Algunas de las estructuras de madera usadas durante la gala / Facebook José Miguel Santos

El director y profesor del centro escolar las Misioneras Cruzadas del barrio malagueño de La Palma-La Pamilla, José Miguel Santos, ha recogido este domingo el material desechado en los contenedores de basura tras la celebración de la gala en el Palacio Municipal de Deportes José María Martín Carpena.

La alfrombra, parte de la cartelería e incluso algunas estructuras de madera usadas en diferentes zonas del montaje, fueron hallados por el maestro en el contener de residuos. Él mismo se ha encargado de recoger ese meterial e introducirlo en su vehículo para reciclarlo y darle un nuevo uso en el propio centro escolar.

Parte del material que el profesor ha encontrado en el contenedor de basuras

Santos ha publicado las imágenes en su cuenta personal de Facebook. Allí explica que “he estado en Los Goyas (en los contenedores); con todo lo que habéis tirado algunos re-utilizaremos los desechos para que los niños de un barrio olvidado se sientan los verdaderos actores de vida reales”. El colegio se encuentra en una de las barriadas donde residente familias con escasos recursos económicos.

Parte de la estructura de aluminio usado en la ceremonia
Parte de la estructura de aluminio usado en la ceremonia / Facebook José Miguel Santos

El profesor añade su agradecimiento a la Academia del Cine por el “coherente mensaje de “Salvemos el Planeta”, aunque en lugar de sermones le pediría más coherencia entre lo que se proclama y se hace”.

Unos cinco kilómetros de moqueta se utilizaron para el montaje de la gala de los Goya de Málaga. Entre los materiales usados, figuran 300 metros de alfrombra, con cinco metros de anchura, para el acceso al palacio y otros 5.000 metros lineales con la misma anchura para el interior, en colores antracita, rojo y negro, por un importe superior a los 30.000 euros.

Otros 51.300 euros se han destinado para la construcción del escenario, de 580 metros cuadrados, y de una grada con capacidad para más de 500 personas, aunque en total presenciaron en directo la gala unos 3.200 espectadores.

Para la adecuación y decoración de los espacios comunes del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena se han invertido 99.000 euros, pero la partida más cuantiosa se destinó al cóctel que se ofreció al finalizar la gala en el propio espacio deportivo, de 122.727 euros.

https://cadenaser.com/emisora/2020/01/26/ser_malaga/1580066002_758041.html?fbclid=IwAR2YVSD7hA_R3ZeHF6WHFGr__00YAER4AZpC2HDgmWtsSJ_Z9z3lmX3_Eds
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Sánchez se gasta mas dinero en los goya y comprueba desde el aire los daños del temporal en Murcia, Castellón y Teruel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sobrevolado este sábado las zonas más afectadas por el paso de la borrasca ‘Gloria’ en la Región de Murcia. Sánchez ha aterrizado, sobre las 10.30 horas, en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, en donde ha sido recibido por el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.

Allí ha mantenido una reunión con los alcaldes de los municipios más afectados por la borrasca: San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena.

Sánchez, que no ha hecho declaraciones en la Región de Murcia, ha partido en helicóptero tras ese encuentro para ver las zonas más afectadas, que han vuelto a ser los municipios ribereños del Mar Menor. Después el presidente se ha desplazado a los municipios de Peñíscola y Benicarló, en donde tiene previsto atender a los medios de comunicación.

Según fuentes de la Delegación del Ejecutivo central en esa región, Sánchez ha constatado «la evidente desordenación territorial hidráulica de la zona, factor determinante de las últimas inundaciones».

También ha mostrado «su preocupación por la situación de las zonas afectadas y el compromiso claro de su Gobierno de llevar a cabo actuaciones que aporten seguridad a la ciudadanía y eviten las repercusiones que está provocando el cambio climático en los últimos meses», según las mismas fuentes.

Al finalizar el sobrevuelo, Sánchez ha partido hacia Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón, y por la tarde irá a Cantavieja, en Teruel, para comprobar sobre el terreno los daños del temporal Gloria en esas áreas.

https://okdiario.com/espana/sanchez-comprueba-desde-aire-danos-del-temporal-murcia-antes-irse-goya-5081854
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La alcaldesa socialista de Nuevo Baztán la ladrona de pacheco y socia de antonio arroyo(Madrid) admite que “infló” los daños del DANA para recibir más dinero tras la inundación

La alcaldesa de la localidad madrileña de Nuevo Baztán, Gema Pacheco (PSOE), ha admitido ante el pleno extraordinario municipal haber “inflado un poco” la estimación de los daños sufridos en el municipio en las inundaciones del 15 de septiembre al solicitar ayuda al Gobierno central por los daños.

En la sesión plenaria del miércoles, que debía aprobar las actuaciones del Ayuntamiento con la ayuda de 151.000 euros que recibirá de la Comunidad de Madrid para paliar los daños de dichas inundaciones, Pacheco dio también cuenta de la ayuda de alrededor de un millón de euros solicitada al Gobierno central.

Nuevo Baztan y otras localidades del sureste de la Comunidad de Madrid resultaron afectadas el 15 de septiembre pasado por el fenómeno DANA, que provocó en varios municipios inundaciones graves y daños materiales.

“Hemos metido la red de saneamiento en el millón de euros, pero no es que se hayan sufrido unos daños, es que simplemente lo hemos hecho por si tenemos la posibilidad de que cayera y nos conceden ese dinero para adecuar la red”, dijo Pacheco durante el pleno, como se puede ver en el vídeo en las redes sociales del municipio.

La alcaldesa socialista había indicado anteriormente la necesidad de renovar en un futuro la red de saneamiento de todo el municipio.

“Lo que hemos hecho ha sido, pues, en ‘petit comité’, inflar un poco, porque es verdad que nosotros consideramos que hubo muchas roturas de bombas, porque sufrió un estrés increíble la red”, agregó la alcaldesa.

https://www.elmundo.es/madrid/2019/12/12/5df266c1fc6c83dd3a8b45d5.html
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El Ayuntamiento de Botella falsificó documentos para reclamar a Rivas una deuda por la basura

El Ayuntamiento de Madrid de la época de Ana Botella (PP) falsificó documentos para reclamar una deuda al Ayuntamiento de Rivas por el vertido de sus basuras en Valdemingómez. Al menos eso es lo que denuncia el Consistorio de Pedro del Cura (IU), que interpuso el viernes una querella criminal contra el funcionario que firmó esos informes que atestiguaban que la capital llevaba años reclamando al municipio del sur un cánon por verter sus residuos y que no había pagado. Lo grave del caso es que el consistorio madrileño decidió demostrar esa supuesta reclamación que llevaba haciendo teóricamente durante décadas de una manera burda y torpe: presentando al juzgado unos documentos elaborados con la aplicación de procesamiento de textos WordPerfect y utilizando una impresora láser para fechar unos documentos que supuestamente se habían mandado a Rivas antes de que existiera el Word y la impresora láser. Esa es la contundente conclusión de un informe tecnológico pericial de la empresa Lazarus Technology, que Rivas presentó el viernes en el juzgado y sobre el que basa su querella.

No se trata de Regreso al futuro, aunque podría parecerlo. Se trata, según el alcalde de Rivas Vaciamadrid, de un delito de falsificación de documentos, prevaricación y de estafa procesal, “por lo que ahora nos toca salir a defendernos, porque la historia que hay detrás no se conoce”.

Del Cura se refiere a un pacto histórico que ha existido durante décadas entre ambos municipios -que Botella decidió saltarse- y que explica el por qué Rivas vierte su basura en Valdemingómez, el parque tecnológico donde van a parar todos los residuos de la capital y que desde finales de 2019 acoge también, temporalmente, los de la Mancomunidad del Este, a la que pertenece Rivas. La historia viene de lejos y se remonta a la época preconstitucional. Desde 1967 hasta 1978, el Ayuntamiento de Madrid vertió ocho millones de toneladas de basura de manera incontrolada en el entonces vertedero de Autocampo, situado en Rivas. Descontaminar aquella zona después costó 26 millones de euros, una cantidad de dinero que salió en exclusiva del municipio ripense. “Aquella injusticia con los vecinos de Rivas se intentó compensar después con un pacto verbal entre alcaldes”, cuenta Del Cura.

Enrique Tierno Galván, mandatario en la capital en 1978, eximió a Rivas de abonar las tasas correspondientes “en reconocimiento a aquella deuda medioambiental”, y todos los alcaldes de la capital, de diferentes colores políticos, han respetado el pacto durante décadas. Hasta que Botella llegó y empezaron los problemas para Rivas, un municipio de 94.000 habitantes. “Nos empezaron a reclamar las tasas que no se habían abonado desde 1986 hasta 2012, porque las anteriores ya habían prescrito, e intentaron demostrar que nos habían reclamado esa cantidad religiosamente”.

Según el informe pericial, los documentos que el Ayuntamiento de Madrid presentó al juzgado para reclamar esa bonificación son exactamente iguales desde 1986 hasta 2012, no cambian ni una coma, están firmados todos por la misma persona y, para colmo, están configurados con el WordPerfect e impresos con una impresora láser. Como el juez no contó en 2012 con este informe que ha aportado ahora Rivas, dictaminó que el Ayuntamiento de Madrid tenía razón y que Rivas debía pagar casi 10 millones de euros, en parte por los intereses de demora. Rivas dejó entonces de verter en Valdemingómez, empezó a trasladar su basura a Alcalá de Henares y empezó a pagar la deuda, de la que ya ha abonado 2,5 millones.

En 2017, con Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid, Rivas volvió a llevar sus residuos a la capital madrileña, mucho más cerca que Alcalá, pero pagando, eso sí, la tasa sin ningún tipo de bonificación y con el compromiso de no incinerar sus residuos. Esa decisión ha sido cuestionada durante este mandato, con José Luis Martínez Almeida, a la hora de debatir si aceptaban la basura de la Mancomunidad del Este temporalmente, hasta que esté construida la planta de Loeches. “Solidarios con todos o con ninguno”, defendió el actual alcalde.

“La tecnología disponible en 1987 no permitía crear un documento como el presentado con esa fecha y posteriores hasta varios años después”, analiza el informe pericial presentado ahora por Rivas. Además, los técnicos insisten, en lo referente a la impresión, en que “la tecnología necesaria para generar la serie de documentos con la resolución que presentan, no estando disponible en el mercado hasta el año 1995 como muy temprano”. “Se evidencia”, concluye, “que los documentos han sido creados en una época cercana y estos han sido predatados”.

Rivas ha presentado, por tanto, una querella criminal contra el funcionario del Ayuntamiento de Madrid que firmó aquellos documentos, “así como contra aquellas personas que a lo largo de la instrucción de la causa puedan resultar autores, cómplices o encubridores”.

https://elpais.com/ccaa/2020/01/26/madrid/1580045897_508452.html
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Empresas de un Borbón acogido a la amnistía fiscal cobran más de un millón en subvenciones públicas

Seis empresas agrícolas vinculadas al aristócrata y terrateniente Pedro de Borbón Dos Sicilias, duque de Calabria, hijo del fallecido infante Carlos de Borbón (primo del Rey Juan Carlos) y acogido junto a su padre, su hermana y su abuela a la amnistía fiscal de 2012, han recibido en los últimos años más de un millón de euros en subvenciones públicas.

Según la base de datos nacional de subvenciones del Ministerio de Hacienda, cinco de esas seis empresas han recibido desde febrero de 2016 hasta el pasado diciembre un total de 707.820,76 euros en ayudas, concedidas en la mayoría de los casos al amparo de la Política Agraria Común (PAC) de la UE. El propio Pedro de Borbón figura como receptor de otros 8.000 euros en subvenciones a su nombre solo entre marzo y noviembre del año pasado. Hay una sexta empresa que en 2018 inauguró una planta de piensos en Puertollano (Ciudad Real) con apoyo de fondos estatales para la reactivación de las zonas mineras.

El portal de Hacienda solo recoge las ayudas concedidas en los cuatro años siguientes a la fecha de concesión y “en el caso de personas físicas la publicidad se reduce al año de concesión y al año siguiente”, por lo que la cifra de subvenciones agrícolas recibidas en los últimos años supera muy probablemente esos más de 700.000 euros. 

La inmensa mayoría de las cuantías recogidas en esa web son ayudas de la PAC canalizadas a través de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha, aunque también hay otras concedidas por este organismo y por el Ministerio de Agricultura.

La sociedad que aparece como receptora del mayor importe es Explotaciones Agrícolas Cerezuela y Conesa, SL, de la que Pedro de Borbón es administrador único y propietario. La firma, que este mes ha realizado una ampliación de capital de 1,22 millones, figura como beneficiaria de 214.764,4 euros en subvenciones. La primera data del 25 de junio de 2016, unas semanas después de que la investigación de Los Papeles de la Castellana desvelase su amnistía junto a tres de sus familiares.

Con una plantilla de dos empleados, una cifra de negocio de 105.721 euros y pérdidas de 25.219 euros en 2018, el objeto social de Explotaciones Agrícolas Cerezuela y Conesa son las “explotaciones e investigaciones agrícolas y ganaderas, y la formación y capacitación en agricultura y ganadería”. El 100% de sus acciones pertenece a Monte Jaraba, SL, cuyo administrador y socio único es Pedro de Borbón.

Esta última, que acaba de realizar otra ampliación de 2,932 millones, tiene por objeto social “la obtención de productos de la tierra y ganadería, como consecuencia del cultivo o trabajo de la misma”, y figura como receptora de otros 141.299,78 euros en subvenciones concedidas entre el 18 de junio de 2016 y el pasado 13 de diciembre.

Por su parte, Agrocinegética Borbón, SL, cuyo administrador único y propietario es también el duque de Calabria, figura como receptora de otros 188.808 euros. Esta firma, dedicada al “cultivo de cereales y otros productos vegetales”, acaba de ampliar capital por importe de 649.994,48 euros y sus últimas cuentas reflejan una cifra de negocios de 290.891,72 euros y pérdidas de 6.559 euros.

En Dehesa de la Higuera SL figuran como administradores Pedro de Borbón, su hermana Cristina (también acogida a la amnistía fiscal) y la madre de ambos, Ana de Orleans y Orleans-Braganza, viuda de Carlos de Borbón. Esta sociedad aparece como receptora de otros 62.834,65 euros en ayudas. Se constituyó el 31 de diciembre de 1957, está dedicada al “cultivo de cereales en la modalidad de secano, actividad de caza y explotación forestal subvencionada” y también está en pérdidas: unos 42.000 euros, tras facturar 49.169,79 euros en 2018.

Un testaferro de Rodrigo Rato

Hay una quinta empresa, Polmar 2009 SL, que como la mayoría de sociedades de la familia tiene su sede en un edificio de oficinas en Ciudad Real y en la que Pedro de Borbón no figura como administrador, pero sí como apoderado. Sin embargo, el aristócrata es uno de sus accionistas, como reconoce a eldiario.es.

El administrador único de Polmar es (según Borbón, a petición de uno de sus socios) el asesor fiscal Domingo Plazas, considerado uno de los testaferr

https://www.eldiario.es/economia/Empresas-Borbon-amnistia-subvenciones-publicas_0_988301912.html
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Concluye el caso del accidente de metro de València: las víctimas tenían razón

El mediodía del 3 de julio de 2006, 43 personas murieron y 47 resultaron heridas al descarrilar una de las unidades del metro de València. Pocos días antes de la celebración del juicio, previsto para el lunes 27, los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Las víctimas celebran el resultado de 14 años de lucha: hay responsables, se reconoce que la gestión fue pésima y se ha trabajado para que no se repita. 

No ha habido sorpresas de última hora: las víctimas del metro de València —el más grave de España y el quinto más grave de Europa— lo han conseguido. Se confirma que el hecho de que una unidad del tren de la línea 1 descarrilara, aquel 3 de julio de 2006 sobre las 13:00 horas, no fue culpa únicamente del conductor, fallecido en el suceso. Es lo que llevaba defendiendo la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) desde su fundación: los directivos de FGV, la empresa de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, tenían responsabilidad. Las medidas de seguridad eran insuficientes y no bastaba con culpar al último eslabón, sino que se debía seguir avanzando en la cadena hasta llegar a las personas que tomaban según qué decisiones.

Hoy, lunes 27 de enero, estaba previsto que se iniciara un juicio de unos seis meses de duración y para el que se esperaba que se citaran a declarar a casi 300 personas. Pero tres días antes de que su celebración, salió en prensa la noticia de que se había alcanzado un acuerdo entre la Fiscalía y la acusación que evitaría el largo y complejo proceso. Las víctimas están citadas en el Juzgado de lo Penal 6 de València a las 9:30 horas para ratificar el acuerdo, por el cual cuatro de los ocho acusados aceptan penas de cárcel de un año y diez meses —aunque no ingresarán en prisión— y se retira la acusación a los otros cuatro. Vicente Contreras, Francisco García, Sebastián Argente y Juan José Gimeno, exdirecivos de FGV, han admitido en la vista haber actuado con imprudencia y no haber prevenido con medios técnicos el accidente del metro.

Costó casi catorce años llevar el caso a juicio oral y el proceso para llegar al acuerdo, según Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, ha sido “largo y muy difícil”. Se ha realizado con máxima discreción, hasta el punto de que la asociación se enteró por la prensa, según declara Garrote. A falta de concretar los detalles, el colectivo recibe de manera positiva el texto porque, aunque algunas de sus demandas no se han cumplido, ya pueden pasar página al quedar probada la mala gestión de FGV y la responsabilidad que tuvo la empresa pública de ferrocarriles en el accidente. 

El caso del accidente de metro muestra que la presión social tiene sus frutos y prueba la obligatoriedad de que la ciudadanía vigile la gestión política

La historia del caso del accidente del metro de València es una historia llena de irregularidades, altibajos y tenacidad. Tal y como resume Rosa Garrote, el caso muestra que la presión social sirve para algo y prueba la obligatoriedad de que la ciudadanía vigile la gestión política. El colectivo ha superado el silencio mediático, varios carpetazos judiciales y, sobre todo, la condena al olvido.

El juicio y el acuerdo que lo evitó

Desde un principio la versión oficial sobre el accidente concluía que se trató de un exceso de velocidad, que el accidente no era evitable y que la culpa era del conductor. Las víctimas no quedaron satisfechas con la explicación y se asociaron para exigir responsabilidades. Así empezaron a convocar concentraciones cada 3 de julio, hasta superar el centenar de convocatorias a lo largo de estos años.

La AVM3J intentó en repetidas ocasiones forzar una investigación que revelara las causas reales del accidente y que probara que la gestión política tras el suceso no fue la correcta. “En la Generalitat gobernada entonces por el Partido Popular no se promovió abrir investigaciones a la FGV, aun cuando el Conseller de Infraestructuras ostentaba el cargo de presidente de esta empresa —matiza Rosa Garrote—. Nuestra demanda era que averiguaran más sobre el accidente y que supieran qué falló para poder corregirlo”. 

En 2006 se celebró una comisión parlamentaria que reafirmó la versión oficial. Pasaron los años y fueron saliendo a la luz numerosos informes que probaban la mala gestión de la empresa y ponían en evidencia la respuesta posterior de los cargos políticos. Rosa Garrote apunta que, desde la AVM3J, siempre han esperado recibir disculpas por parte de la formación política de ese momento, “por toda la gestión posterior al accidente, en la que Camps ni siquiera recibió a las víctimas como ciudadanos que estaban pidiendo amparo a su presidente”.

Desde la AVM3J siempre han esperado recibir disculpas por toda la gestión posterior al accidente, en la que Camps ni siquiera recibió a las víctimas

Tampoco existía, recuerda la presidenta, “ninguna oficina de atención a las víctimas, sino que el entonces Conseller de Agricultura, Juan Cotino, fue casa por casa a ‘ofrecer ayuda’ en vez de formar un protocolo transparente”. Garrote defiende que desde el Partido Popular siempre acusaron a la asociación de estar politizada, de tener “intereses ocultos” y de querer dañar la imagen del partido. “Ahora se ha demostrado que teníamos razón y que ellos no actuaron bien al adoptar esa conducta”, destaca. 

Pese a la experiencia del reiterado carpetazo judicial y lo costoso de llevar a juicio oral el caso, las víctimas afrontaban su inicio, previsto para el lunes 27 de enero de 2020, con optimismo: “Estábamos muy esperanzados porque, a pesar de todo lo que ha intentado obstruir la investigación la jueza Nieves Molina, considerábamos que llegábamos con suficientes documentos y datos probatorios de esta mala gestión”. Se refiere a la ausencia de balizas, la falta de una ley de seguridad y los resultados de los informes que se fueron publicando, entre otros.

La estrategia del silencio

La vinculación del caso del metro de València con los medios de comunicación es una historia de amor y de odio. Por un lado, las investigaciones periodísticas sirvieron para que se fueran conociendo detalles que validaban el discurso de las víctimas de que la gestión empresarial y política había sido, y estaba siendo, nefasta. En 2012, por ejemplo, El Mundo desveló los informes de una consultora contratada por la FGV para aleccionar a los técnicos que comparecieron en la primera comisión de investigación —la de 2006— de las Cortes: aleccionaron a los comparecientes para que no pronunciaran palabras como “tragedia”, “deficiencia” y “baliza”.

Pero si hay un caso significativo en lo que a

https://www.elsaltodiario.com/justicia/concluye-caso-accidentemetro-valencia-victimas-razon


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Las cuatro manos que controlan las semillas de todo el mundo

La industria agroquímica está sumida en un intenso proceso de consolidación que va a dejar prácticamente todo el negocio de semillas, herbicidas y pesticidas concentrado en manos de cuatro gigantes globales. El temor de los productores es que esta oleada de fusiones limite las opciones que tienen para gestionar sus cosechas, encarezca los precios y acelere la reducción de la diversidad de los cultivos.

El sector ya estaba dominado por un grupo reducido de firmas antes de que se formara este huracán corporativo que va a cambiar la forma de trabajar el campo. Hace una semana, mientras Bayer perfilaba el acuerdo para adquirir Monsanto , el segundo sindicato de agricultores de Estados Unidos se movilizaba en Washington para denunciar que estas alianzas van a estrangular aún más sus bolsillos.

Era una manifestación inusual, porque los representantes de los agricultores suelen tener mucho cuidado al criticar en público a la mano que les da de comer. “Una consolidación de esta magnitud no puede ser el estándar de nuestra agricultura”, lamenta el presidente de la National Farmers Union, Roger Johnson. “No hay que permitir que estas corporaciones vayan a definir el futuro del campo”.

La misma preocupación la tienen los agricultores en Europa, América Latina y Asia. La combinación del negocio agrícola de Bayer con Monsanto genera ya una cifra de negocio anual de 23.100 millones de euros. Eso le convierte en la empresa líder, por delante de los 14.800 millones de ChemChina y Syngenta.

Estas fusiones se producen en un momento complicado para los agricultores por la caída del precio del grano

Las divisiones agrícolas de DuPont y Dow Chemical, también en proceso de integración, registraron el pasado ejercicio ingresos conjuntos de 14.600 millones. En el cuarto lugar en la industria, muy rezagada, estaría la alemana BASF, con una facturación anual de 5.800 millones. Casi el 85% del mercado quedará así en manos de estos conglomerados. Y esta misma semana las canadienses Potash y Agrium anunciaron la fusión de sus negocios de fertilizantes.

Los pequeños, los más vulnerables

Los pequeños productores son los que están en una posición más vulnerable, porque tienen menos margen para negociar precios. Aunque el Congreso no tiene autoridad para bloquear estas operaciones, el factor político puede complicar el examen de los reguladores. John Deere, por ejemplo, está tratando de salvar la compra de Precision Planting, otra de las grandes adquisiciones anunciadas en la industria agrícola.

Los grupos de agricultores tienen, sin embargo, opiniones enfrentadas. La National Corn Growers Association admite que la consolidación creará una pérdida de competencia. Pero también señalan que la fusión de Dow Chemical con DuPont servirá para contrarrestar el liderazgo de Monsanto en el negocio de las semillas. “Tener a dos empresas luchando por el mercado es beneficioso”, opinan.

Estas fusiones se producen, además, en un momento complicado para los agricultores por la caída del precio del grano. El beneficio para el sector este año en EE UU se estima en 71.500 millones, la mitad que en 2012. Los ejecutivos de la industria responden a las críticas diciendo que esta combinación le permitirá desarrollar productos más eficientes y eso, aseguran, ayudará en los momentos de dificultad.

Además, consideran que combinan el esfuerzo de innovación al para atender la demanda de alimentos. Los cultivos, explican, deben crecer un 5% anual para cubrir el aumento de la población. Pero las proyecciones apuntan a una reducción del 17% en la tierra disponible por habitante hasta 2050. “Estas fusiones son un prerrequisito necesario para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda”, reiteró el consejero delegado de Bayer, Werner Baumann.

Pérdida de diversidad

Otro de los temores es que con la consolidación se acelere la reducción de la diversidad que ya sufren los cultivos. Los activistas medioambientales advierten que estas empresas podrán, con su posición dominante, decidir virtualmente que se va a cultivar y los químicos que se usarán en los productos que entran en la cadena alimentaria. Por eso consideran que los reguladores deben prestar atención a este aspecto.

Monsanto, además, tiene un problema de reputación por sus semillas genéticamente modificadas, hasta el punto de ser conocida como el “Frankenstein de la agricultura. El uso de estos productos está muy extendido en EE UU pero su introducción en Europa está rodeada de controversia y protestas. “Nadie fuerza los agricultores a comprar Monsanto”, señala Baumann, “y si lo hacen es porque les beneficia elevando su eficiencia”.

https://elpais.com/economia/2016/09/15/actualidad/1473968740_384389.html
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La sentencia de los ERE desvela cómo se perpetuó el PSOE-A en el poder (Guadalupe Sánchez)

La sentencia de los ERE sí que ha supuesto un auténtico tsunami democrático, por mucho que el PSOE y sus pretendientes a gobernar en coalición nuestro país se empeñen en que miremos a otro lado. No han dudado ni en intentar establecer agravios comparativos con otros casos ni en minimizar la gravedad de los delitos y la trascendencia social que su comisión tuvo para el pueblo andaluz, auténtica víctima de los tejemanejes del socialismo para perpetuarse en el poder. 

Más info

Precisamente lo que relatan los hechos probados de la sentencia es la trama financiera creada por el PSOE-A desde la consejería de Empleo para aferrarse al gobierno. Se trata de una sentencia larga, farragosa y compleja, que yo no me podía permitir comentarles sin leerla primero y cuyo contenido voy a intentar explicarles más allá del dato de los años de condena, en un lenguaje apto para personas legas en Derecho. Para ello, me he permitido resumir el contenido de la sentencia en torno a las conocidas como seis “W” del periodismo.

Quién, qué y dónde

Todo el caso gira en torno a las ayudas que la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía creó con la finalidad, al menos sobre el papel, de garantizar un nivel mínimo de ingresos a los trabajadores andaluces afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE), hasta que alcanzasen la jubilación.

Cómo y cuándo

Durante toda la década de los noventa, la ausencia de una norma específica sobre la forma en la que debían tramitarse y aprobarse estas ayudas, llevó a la Junta a acudir al sistema previsto para las subvenciones extraordinarias. La tramitación de estas subvenciones se fiscalizaba por la intervención de la consejería (una suerte de auditores internos).

Como consecuencia de esta fiscalización, se reveló que muchos de los expedientes presentaban graves deficiencias que hacían sospechar sobre el objetivo verdaderamente perseguido con la subvención: en lugar de ayudar a los trabajadores cuyos contratos se habían extinguido como consecuencia del ERE, se estaría ayudando a la empresa, algo que no sólo resultaba contrario a la propia finalidad de la subvención, sino a la normativa europea, que prohíbe las ayudas otorgadas por el Estado a empresas en la medida en que falsean la competencia.

Para la consejería de la Junta, este sistema de fiscalización y control sobre el destino de las ayudas dificultaba una resolución rápida de una situación que “alteraba la paz social de la Comunidad Autónoma”, por lo que decidió idear un sistema alternativo más “ágil”, que fue evolucionando en el tiempo hacia una mayor opacidad y ausencia alguna de control sobre los fondos, y que a la postre causó una merma millonaria en las arcas públicas de esa comunidad autónoma que no redundó ni mucho menos en un aumento de los ingresos de los trabajadores a los que supuestamente se debía ayudar.

A partir del año 2000 se aprobaron por parte de los condenados una serie de modificaciones en los presupuestos de la Junta que, bajo el pretexto de lograr una mayor rapidez en la concesión y pago de las ayudas, pretendían eludir los controles previos. Lo que se hizo, explicado de una manera entendible para el común de los mortales, fue sustituir al destinatario de los fondos: mientras que hasta el año 2000 los fondos se destinaban a empresas privadas con el objeto de crear empleo, a partir de ese año quien aparecía como destinatario era un organismo público, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego denominado IDEA).

La diferencia no es baladí, porque mientras que las transferencias a empresas privadas exigen que se confeccione un expediente en el que se acredite en qué se ha gastado concretamente ese dinero, las transferencias de financiación a entes dependientes de la Junta, como el IFA, no. Pero como para utilizar la transferencia de financiación es necesario acreditar primero que hay una pérdida que necesita ser financiada, introdujeron gastos ficticios en los presupuestos anuales de esta entidad a sabiendas de que no se iban a producir.

https://www.vozpopuli.com/opinion/sentencia-ere-psoe-poder_0_1301871344.html
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