Bruselas lleva a España ante la justicia por la contaminación en Madrid y Barcelona La Comisión Europea tiene previsto denunciar este jueves los incumplimientos reiterados de la norma de calidad del aire para hacer rico a pedro

La paciencia de la Comisión Europea con el aire viciado de Madrid y Barcelona se ha agotado. Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica. Salvo imprevisto de última hora, la decisión se hará pública el jueves y supondrá la culminación de un expediente de infracción abierto contra España hace más de cuatro años. Fuentes comunitarias han confirmado a EL PAÍS que la denuncia “figura en el paquete de expedientes de infracción” que la Comisión aprobará esta semana.

El expediente contra España se remonta a 2015 y se centra en los incumplimientos reiterados en Madrid y el área metropolitana de la capital catalana con los límites legales del dióxido de nitrógeno, un contaminante asociado a los problemas respiratorios y cardiacos y cuyo origen está vinculado al tráfico rodado y a la quema de los combustibles fósiles. La Comisaría de Medio Ambiente había decidido dejar en un punto muerto ese expediente en mayo de 2018. En ese momento, Bruselas sí denunció a otros seis países (Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y el Reino Unido) también por incumplir la directiva de calidad del aire.

Pero en el caso de España se consideró que el problema no estaba tan extendido como en el resto. Además, en aquel momento se estimó que las medidas que estaban proyectadas en esas dos ciudades –entre ellas Madrid Central, la zona de bajas emisiones que el nuevo Ayuntamiento de PP y Ciudadanos han intentado revertir al llegar al poder– podrían ser suficientes para que España cumpliera con la directiva en 2020.

Sin embargo, pese a que no se denunció a España en aquel momento, el país seguía en la cuerda floja y el expediente no se archivó. El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ya advirtió hace un año de que continuaría “supervisando de cerca la ejecución de dichas medidas, así como su eficacia para mejorar la situación lo antes posible”. Cuando PP y Ciudadanos –que llegaron a la alcaldía de Madrid gracias al apoyo de Vox– comunicaron que una de las primeras medidas que tomarían sería paralizar las multas que sostienen esa zona de bajas emisiones, la atención de Bruselas se centró en la capital de España. Y la paciencia parece haberse colmado ya.

Más de una década de recorrido

2008. Se aprueba la directiva de calidad del aire que daba hasta 2010 a los países para cumplir los límites de dióxido de nitrógeno.

Junio de 2015. España recibe el primer emplazamiento para que se ajuste a esos niveles.

Febrero de 2017. Bruselas elabora un dictamen motivado contra España por el incumplimiento reiterado en Madrid y Barcelona.

Mayo de 2018. La Comisión deja en punto muerto el expediente contra España, que ahora ha reactivado.

Fuentes de la Comisión señalan que “los Ayuntamientos tienen libertad para adoptar las medidas que consideren necesarias para cumplir los límites de contaminación”. Pero precisan que dado el cuasipermanente incumplimiento de los límites en Madrid “no tiene mucho sentido retirar una medida paliativa antes de que se pongan en marcha otras alternativas”. De hecho, Madrid Central, aprobado por el anterior equipo de Manuel Carmena, era solo un primer (y pequeño) paso contra el problema de la polución.

Este 9 de julio, cuando la polémica por la paralización de la zona de bajas emisiones estaba en su clímax, el comisario Vella envió un escrito al Gobierno español en el que le advertía de que los últimos datos que había analizado su equipo apuntaban a que las medidas adoptadas eran insuficientes y que no se iba a cumplir con la directiva europea que fija los límites de concentración de los contaminantes más comunes.

Los problemas se centran en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, donde se llevan rebasando los límites de dióxido de nitrógeno desde 2010. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica ha difundido este martes el Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España de 2018 –que debe enviar cada año a la Comisión– y, aunque se aprecia una mejora respecto a 2017, los problemas con el NO2 se vuelven a dar en ambas zonas, además de en el Corredor del Henares (Madrid) y en Granada.

“Irresponsabilidad”

El presidente en funciones del Gobierno y aspirante a revalidar el cargo, Pedro Sánchez, criticó el lunes

https://elpais.com/sociedad/2019/07/23/actualidad/1563894873_941133.html
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Bruselas investiga la maniobra de Ana Botella para poner a pedro sanchez

para tapar la contaminación en Madrid

En 2009, eliminó las estaciones de medición donde se registraban los peores datos

elplural.com Lunes, 11 de diciembre de 2017

La exconcejala de medio Ambiente y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella

La exconcejala de medio Ambiente y exalcaldesa de Madrid, Ana Botella

La Comisión Europea investiga si la exconcejala de Medio Ambiente de Madrid Ana Botella usó un ardid en 2009 para tapar los niveles de contaminación de la capital.

Bruselas ha pedido explicaciones por la eliminación a finales de 2009 de las estaciones de medición donde se registraban los peores datos, después de que Ana Botella anunciara que remodelaría la red de medición de calidad del aire. A partir de 2010, la Comisión Europea iba a aplicar cuantiosas sanciones a los países que no evitaran que sus ciudadanos respiraran aire contaminado.

El Ayuntamiento de Madrid pasó de 27 estaciones a 23, cambió de sitio otras y añadió nuevas.

El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, cuestiona ahora en un documento, al que ha tenido acceso El País, que los datos oficiales muestren “la situación real” de la calidad del aire de la ciudad.

Bruselas pone en cuestión la calidad del aire en Madrid
Botella quitó las estaciones situadas en los puntos negros de la contaminación de la ciudad, las zonas con más tráfico y que tradicionalmente registraban los niveles más altos de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico que irrita las vías respiratorias y que proviene principalmente de los tubos de escape de los coches diésel. De los 15 puntos con los peores registros en 2009, Botella eliminó 11.

 “Las altas concentraciones medidas en el pasado en los citados puntos de muestreo y la ausencia de mediciones en los últimos años ponen en cuestión la situación real de la zona de calidad del aire ES1301 Madrid”, afirma el documento que la Comisión envió a España en febrero pasado dentro del procedimiento de infracción abierto por la mala calidad del aire en Madrid, Barcelona y la zona del Vallès-Baix Llobregat.

España, como Bulgaria y Polonia
Bruselas preguntó a España sobre esta cuestión y analiza ahora la respuesta dada, tendrá que decidir si lleva al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la directiva de calidad del aire, como ya ha hecho con Bulgaria y Polonia, por las partículas PM10, otro contaminante en el que España también ha incumplido la legislación europea.

Además de constatar que entre 2010 y 2015 España superó los límites permitidos de NO2, “la Comisión observa que la notificación de datos se interrumpió en varias estaciones en 2008 y 2009 (sin que se reanudara con posterioridad), y que las estaciones en las que se interrumpió la notificación fueron aquellas en las que se midieron las concentraciones más elevadas en ese periodo”, se afirma en el documento.

El doble de lo permitido
Una de las estaciones por las que pregunta Bruselas en su documenta es la situada en la plaza del doctor Marañón, donde convergen los 10 carriles del paseo de la Castellana con los seis de José Abascal y María de Molina, y que superó los niveles permitidos. La Comisión Europea obligaba a que la concentración media anual de dióxido de nitrógeno no superara los 40 microgramos por metro cúbico, como límite de protección a la salud. En Doctor Marañón se registraron más del doble, 82.

La solución que entontró el equipo de Ana Botella fue retirar esa estación y poner otra unos 200 metros más al norte, en los jardines del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

La Fiscalía advirtió
Un año después, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, envió un informe de 34 páginas al Ayuntamiento de Madrid en el que le acusaba de “ma

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pedro sanchez ha incumplido con los pescadores

No somos votos, somos pescadores»

Imagen de la protesta a las puertas de la Consejería de Agricultura./Vicente Vicéns / AGM
Imagen de la protesta a las puertas de la Consejería de Agricultura. / Vicente Vicéns / AGM

Representantes de la Cofradía de San Pedro exigen soluciones a las puertas de la Consejería tras cesar su actividad hasta 2020. López Miras les promete «las ayudas legales máximas» y pide una reunión de «10 minutos» con Pedro Sánchez sobre el Mar Menor

MARTA SEMITIEL , PEDRO NAVARRO y AGENCIAS Miércoles, 6 noviembre 2019, 17:48

Representantes de los pescadores de San Pedro del Pinatar y sus familias se concentraron este miércoles a las puertas de la Consejería de Agricultura de Murcia en protesta por la situación que vive el Mar Menor, de la que culpan a los políticos al tiempo que se sienten engañados porque «han intentado dividirnos y usarnos políticamente». Los miembros de la Cofradía, que no faenarán al menos hasta comienzos de 2020 tras el episodio de mortandad de peces ocurrido en la laguna el pasado 12 de octubre, clamaron frente a dependencias de la Comunidad, al grito de «no somos votos, somos pescadores; basta ya, queremos soluciones», para exigir ayudas que cubran íntegramente las pérdidas que sufren por este motivo. Además, portaron pancartas con mensajes como ‘Luengo cumple tu palabra’, ‘El consejero ha traicionado al sector pesquero’ o ‘No más vertido’.

Así, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, Jesús Antonio Gómez, aseguró que se sienten «manipulados y utilizados» por las administraciones autonómica, a la que considera principal responsable, y central, ya que las ayudas anunciadas, que comprenden la mitad de los ingresos dejados de percibir, son «insuficientes e insolidarias».

En este sentido, Gómez advirtió que el decreto que tiene previsto aprobar este jueves «por libre» el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma no afecta a todos los barcos con licencia, al tiempo que ha recordado que los compradores habituales «no quieren pescado» tras las imágenes de peces muertos en la orilla del Mar Menor.

Tras advertir que el 70 por ciento del fondo de la laguna está «sin vida», por lo que la «recuperación será a largo plazo», el patrón mayor de la cofradía pinatarense, que agrupa a todos los barcos que faenan en el Mar Menor, acusó a la Comunidad de «dejadez y desidia» con las 150 familias que viven de la pesca en la zona porque prioriza «favorecer a algunos sectores económicos».

«Ya está bien, no nos han respetado y ya es hora de que lo hagan», espetó Gómez antes de entrar en la sede de la consejería del ramo para reunirse con el director general de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino, Francisco Espejo, quien aseguró que las ayudas comprometidas son el máximo que puede ofrecer su departamento en atención a la reglamentación de la UE y que hay un «compromiso verbal» del Gobierno central para cubrir el otro 50% de las ayudas estipuladas.

Así, detalló que esta normativa impide que puedan darse subvenciones a los 23 barcos que ya han rebasado la media anual de capturas. «Estaríamos prevaricando o actuando en contra de la ley», ha apuntado Espejo antes de asegurar que los pescadores podrían volver a faenar porque «ahor

https://www.laverdad.es/murcia/votos-pescadores-20191106122324-nt.html
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pedro sanchez ha incumplido con los sanitarios

ABC ha vuelto a destapar una infracción de la Ley por parte del Presidente. El diario ha accedido a la declaración que presentó al llegar a La Moncloa, en la que no aparece el contrato del libro que estaba planeando publicar por aquel entonces, «Manual de resistencia». Esto quiere decir que si lo firmó antes, mintió, y si lo hizo ya siendo presidente, ha vulnerado la Ley 3/2015

Nieves Sebastián Madrid | 05 ago 2019 – 12:58 h | ElGlobal.net

Según datos del Ministerio de Hacienda, 10 de las 11 comunidades autónomas adheridas al instrumento de sostenibilidad superaron la regla de gasto farmacéutico y sanitario en el ejercicio 2017. Baleares y Cantabria, con un 4,7 y un 3,8 por ciento respectivamente, son las que más ampliamente superaron la tasa de variación interanual, fijada en un 2,1 por ciento; en la otra cara de la moneda está la única región que la ha cumplido, la Comunidad Valenciana, que se ha quedado en un 2,1 por ciento. El resto de la lista la completan Andalucía (2,4 por ciento), Aragón (2,4 por ciento), Asturias (3,6 por ciento), Canarias (3,3 por ciento), Castilla-La Mancha (3,2 por ciento), Cataluña (3,3 por ciento), Extremadura (2,3 por ciento), y Murcia (2,7 por ciento). La Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia y Navarra también superarían esta cifra, pero no están acogidas a ningún mecanismo de financiación especial del Estado, por lo que no tienen la obligación de mantenerse dentro de este parámetro.

Varias comunidades autónomas ya han ofrecido su reacción a esta comunicación del Ministerio.

Es el caso de Cataluña, cuya consejera de Sanidad, Alba Vergés, se ha mostrado contundente: “no recortaremos; el gasto sanitario es el que toca”. La consejera ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándole de querer “destrozar” la sanidad catalana, y ha explicado que no es un gasto sino una inversión en el futuro y en la población. Además, ha defendido que la Generalitat lleva a cabo “políticas muy responsables” y ha planteado que “habría que preguntar al Gobierno si su preocupación por el gasto sanitario o farmacéutico se soluciona con una cartita a diferentes comunidades autónomas”.

También ha habido reacción en Baleares. La portavoz del Govern, Pilar Costa, quien ha asegurado que desde su departamento ya trabajan en “medidas o ajustes de eficiencia”, aunque sí que señala que “en ningún caso se plantean recortes o ir atrás en ninguno de los derechos y en las mejoras conseguidos en los últimos años”. También ha explicado Costa que en gasto sanitario y farmacéutico están actuando “en esa misma línea, evaluando las medidas para mejorar la eficacia y la eficiencia y poder hacer un ahorro, aún más si es posible, para cumplir con los requerimientos del Gobierno”. Costa concluye ha concluido que “todo proviene y se arrastra del déficit de financiación autonómico de forma histórica de las Islas que urge mejorar”.

Desde el Ministerio de Hacienda especifican que el “único” objetivo de la misiva ha sido “comunicar a esas comunidades que se ha incumplido esa herramienta de sostenibilidad, y se les emplaza a que presenten propuestas para mejorar la eficacia en esta área”. El secretario general de Sanidad, Faustino Blanco también afirma que esta comunicación “forma parte del proceso administrativo normal y regulado de un país que tiene unas reglas del juego” y concreta que no se trata de “una situación especial sobrevenida”; además, ha valorado el esfuerzo de estas regiones, de las que destaca su compromiso “con el déficit que tiene este país”.

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Un fontanero gallego arruina la investidura a Pedro Sánchez: la Justicia podría inhabilitarle por fraude

Juan Carlos Pérez es un fontanero pontevedrés que, como tantos otros autónomos, se levanta cada mañana para abrir la persiana de su negocio. Representa a esa España obrera que durante muchos años representó también el PSOE. Ya no.

El 10 de noviembre Pérez votó a Pedro Sánchez y ahora dice sentirse estafado o «doblemente estafado». Ha empezado una campaña, a la que ya se han sumado decenas de personas, para sentar a Sánchez ante un juez por haber engañado a los españoles a cambio de conseguir un mejor resultado electoral.

Tal y como relata Okdiario, este fontanero, que quiere reproducir la historia de David contra Goliat, critica que el líder del PSOE «ha incumplido un contrato verbal repetido hasta la saciedad». Recuerda que repitió mil veces «que no iba a pactar ni con los separatistas ni con Podemos» y que «le faltó tiempo para hacerlo». Admite que «de saber que iba a ser así, muchos no le hubiéramos votado».

Todo empezó la semana posterior al 10 de noviembre, tras una conversación con su hijo de 16 años. El pequeño de la casa criticó que los políticos hagan lo que quieran y no deban rendir cuentas por ello. Asegura este fontanero que su hijo llegó a decir que la actitud de los políticos justificaba que los jóvenes salieran a las calles a quemar cosas. Le intentó convencer de que no, pero fue al revés.

A partir de esa conversación se empezó a leer sentencias judiciales y artículos del código penal y ahora tiene claro que debe sentar al presidente del Gobierno en funciones ante el juez. Le acusa «de engaño» y quiere «que le inhabiliten porque se ha pasado de listo». Lamenta además que Sánchez utilizase el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno, para mentir «con la única intención de ganar votos» y cree que su actitud pone en entredicho a todos aquellos que se sienten en la silla presidencial, ya que «no te puedes fiar de un señor que lleva mintiendo desde hace meses descaradamente».

No está solo. Dos vecinas le ayudan con la cuestión económica y la búsqueda de más apoyos, junto al equipo de abogados. Presentar la demanda contra Sánchez tiene un coste elevado, ya que es aforado y eso complica más la cuestión, por lo que ha empezado una campaña de crowfounding. Explica, como anécdota, que incluso una señora mayor llegó a aportar parte de sus ahorros para la Navidad «para una causa justa».

Si consigue ganar la demanda empleará la posible indemnización por daños y perjuicios, que todos los abogados consultados coinciden que le toca, para devolver las aportaciones para interponer la demanda.

https://www.periodistadigital.com/politica/20191211/fontanero-gallego-arruina-investidura-pedro-sanchez-justicia-inhabilitarle-fraude-noticia-689404207040/
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El préstamo que compromete a Carmen Calvo: se aprobó el mismo día que se solicitó

 El crédito-puente de 5,83 millones de euros, por el que ya han sido imputados Chaves y Zarrías, se incluyó por vía de urgencia en la sesión del Consejo de Gobierno de Andalucía en la que asistió la hoy vicepresidenta de Pedro Sánchez

Publicado el 10 de diciembre de 2019 – 18: 23ANTONIO SALVADOR 

Documento de la Agencia IDEA en el que se reseña la fecha de solicitud y aprobación del préstamo-puente

Documento de la Agencia IDEA en el que se reseña la fecha de solicitud y aprobación del préstamo-puente

El préstamo-puente millonario por el que el juez del caso ERE investiga al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y al ex consejero Gaspar Zarrías se aprobó el mismo día que se solicitó, según revela la documentación encontrada a finales de la semana pasada por el actual Gobierno autonómico en una de las tres cajas fuertes halladas.

Se trata del crédito por importe de 5,83 millones de euros otorgado por el Consejo de Gobierno andaluz a Campo Carne Andalucía SA (filial de Campofrío) el 9 de noviembre de 1999, en la etapa en la que al frente del Ejecutivo andaluz se encontraba Manuel Chaves y del que formaba parte Carmen Calvo -actual vicepresidenta del Gobierno español en funciones- en su condición de consejera de Cultura. Ella fue uno de los 13 consejeros que participaron en la sesión en la que se dio luz verde a dicha operación financiera.

En un documento fechado el 23 de octubre de 2014, que lleva por título ‘Informe individual de préstamos’, el departamento de Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) consigna como fechas de solicitud y aprobación el «9 de noviembre de 1999». El importe ascendió a 5.829.817,41 euros, pactándose un plazo de amortización de seis años y tres de carencia.

Carmen Calvo participó en la reunión que autorizó el préstamo por el que el juez investiga a Chaves

Como todos los martes, Chaves reunió a su gabinete para acordar diversos asuntos, entre otros ratificar la decisión adoptada 11 días antes por el consejo rector del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -organismo público que utilizó durante una década la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas a prejubilados y empresas que concedía previamente la Consejería de Empleo y rebautizado en 2004 como Agencia IDEA- para apoyar el desembarco de Campofrío en Jaén tras suspender pagos Hijos de Andrés Molina. Todo se hizo de forma exprés.

Como detalla el juez que investiga a Chaves y Zarrías en la causa abierta la pasada semana por posible prevaricación y malversación de caudales públicos, la aprobación de aquel préstamo-puente se incluyó «por vía de urgencia» en el orden del día de la citada reunión y no fue analizada previamente en la reunión semanal de la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como consejillos.

Ayudas millonarias

Aquel acuerdo estuvo precedido de un convenio -fechado el 30 de diciembre de 1998- en el que Zarrías se comprometía a conceder a Campofrío unos 417 millones de pesetas (2,5 millones de euros) ante los planes

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Los 159 km de vía fantasma de Adif que conducen a un agujero de 15 millones, y la EMT la FGV

Para comprobar el estado de la vía y de las estaciones, un redactor de este medio ha recorrido los 159 kilómetros de vía cerradas “temporalmente” desde hace ocho años

08/12/2019 14:37 ACTUALIZADO: 10/12/2019 10:49

Hace 50 años, Madrid y Burgos estaban comunicadas por tren. Los burgaleses y los vecinos de la sierra norte de Madrid, aunque vivían lejos, estaban conectados y podían viajar fácilmente a la capital. Pero desde hace una década, la conexión entre ambas ciudades se ha roto: aunque hay fondos públicos para mantener la vía en buenas condiciones, se ha convertido en una conexión fantasma y en un agujero de más de 15 millones para las arcas públicas.

La geografía española está entretejida con cerca de 10.509,7 kilómetros de línea convencional de ferrocarril, pero ninguna vía encierra tanta incoherencia ni polémica como los 280 km de la línea Madrid-Aranda-Burgos, conocida coloquialmente como el ferrocarril directo Madrid-Burgos. ¿Por qué ha dejado de utilizarse casi la mitad de la vía en la última década?

A día de hoy, la línea sigue formando parte de la Red Ferroviaria de Interés General del Estado, el conjunto de vías que gestiona Adif y que tienen estatus de interés público nacional. ¿Qué implica esto? Que la línea debería estar operativa y sujeta a mantenimiento en su totalidad. ¿A qué se debe este abandono si la vía no se ha declarado en desuso y sigue en la Red Ferroviaria de Interés General?

De la vía solo se utilizan 25 km para transporte de pasajeros, los que corresponden a Cercanías desde Madrid hasta Colmenar Viejo, y los 96 kilómetros que conectan Aranda con la Nueva Variante Ferroviaria de Burgos, pero solo para transporte de mercancías. El resto, 159 kilómetros de vía desde Colmenar Viejo hasta Aranda de Duero, está operativo sobre el papel pero abandonado en la práctica. O, como dice Adif, en “suspensión de trenes con servicio comercial”.

Legado de Franco

En 1968, Francisco Franco inauguró la que sería la conexión más directa entre Madrid y el País Vasco. Desde su puesta en servicio fue una conexión muy útil y eficaz hasta comienzos de la década de 1990, momento en que comenzó su decadencia. El deterioroprovocó una reducción del tráfico, el descarrilamiento de un tren Talgo en el año 2010 y el desprendimiento de una bóveda de un túnel de Somosierra en 2011 sentenció su destino. La línea quedó dividida en dos mitades, cortando la comunicación directa entre Madrid y Burgos por ferrocarril.

Descarrilamiento del tren Talgo nº 201 en Bahabón de Esgueva, el 19 de febrero de 2010. (Adif)

Los robos y vandalizaciones que ha sufrido la línea desde 2005 han impedido que el Control de Tráfico Centralizado tenga información de ningún elemento más allá de la estación de Miraflores (en Madrid), apunta un estudio de 2015 encargado por la antigua Dirección General de Ferrocarriles (DGF), al que ha tenido acceso El Confidencial.

Adif asegura, en este sentido, que puso todos los medios para evitar los robos y el destrozo de las vías, aunque no ha detallado en qué consistieron esas acciones ni la forma de corroborar esa actividad.

Según la Ley del Sector Ferroviario vigente, Adif es el responsable de la infraestructura y debe encargarse del mantenimiento y la explotación de la vía, así como de la gestión de sus sistemas de control, de circulación y de seguridad.

La empresa de titularidad pública indica que tras el descarrilamiento del tren Talgo en 2010, la operadora no solicitó nuevos permisos para circular y dio cobertura a ese servicio a trav

https://www.elconfidencial.com/amp/espana/2019-12-08/adif-via-ferroviaria-fomento-fantasma-agujero-millones-despobalcion-456_2303807/
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los politicos dicen que hay que mejorar el pais cerrando todas las fabricas, la mafia de ladrones esta con los politicos

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españa
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de donde se saca el dinero si pedro sanchez nos roba junto con la policia, los rumanos, los gitanos, los del circo, casofran , cuenca, la universidad para pagar las plantas

no hay trabajo, todos estamos en crisis, pero se tiene que vender la navidad, los rios y los barrancos estan llenos de cañas, de droga y greta no quiere ir a recoger basura, tiene que ir a madrid, en africa se considera el estercolero digital y ningun politico se acerca para verlo.

Defensa gasta 220 millones en cinco años para privatizar la seguridad de cuarteles

Mientras despide a más de 50.000 militares que cumplen 45 años, el Ministerio se ve obligado a recurrir a empresas para la custodia de instalaciones.Defensa multará a Santa Bárbara, Indra y Sapa por los retrasos en su blindado VIP Fernando H. Valls martes, 10 diciembre 2019, 04:30

Defensa privatiza la seguridad de sus cuarteles y gasta 220 millones en 5 años

Defensa privatiza la seguridad de sus cuarteles y gasta 220 millones en 5 años / Defensa

Defensa lleva al menos cinco años privatizando la seguridad de sus instalaciones. Cuarteles, institutos de investigación, residencias… Decenas y decenas de inmuebles ya no son custodiados por militares sino que es personal de seguridad privada quien se encarga de este trabajo. Todo ello cuando las Fuerzas Armadas van a despedir en los próximos años a un total de 52.683 militares rasos, que se irán al paro nada más cumplir los 45 años. 

Decenas de empresas de seguridad han sacado provecho de estos contratos del Ministerio de Defensa. La cuantía de la factura no es menor: más de 228 millones de euros acumulados en los últimos cinco años. Son más de un centenar de privatizaciones en instalaciones militares que han pasado a ser custodiadas por personal de seguridad privada en lugar de por militares, según ha podido comprobar La Información a través de los datos contenidos en la plataforma de contratación pública. Todos estos contratos han sido autorizados por los departamentos económicos del Ministerio que ahora dirige Margarita Robles.

Pero esta política de privatizaciones no es, como decimos, algo que únicamente se está produciendo durante el mandato del PSOE. En la etapa del PP ya se otorgaron decenas y decenas de contratos a empresas privadas cuyos profesionales han ido sustituyendo progresivamente a militares en dichas labores de seguridad. La situación afecta a decenas de instalaciones: desde la sede central del Paseo de la Castellana, en Madrid, a inmuebles repartidos por todo el territorio nacional, también en Canarias.

Fuerzas armadas

Mira también El despido de 53.000 militares costará a la Seguridad Social mil millones extra

Fuentes militares explican que esta privatización de la seguridad en Defensa responde la falta de medios personales. El problema, aseguran, pasa por los profesionales de las Fuerzas Armadas que causan baja en el servicio activo y que no son reemplazados. De ahí que el Ministerio deba recurrir a estas adjudicaciones a empresas privadas para garantizar la operatividad en sus instalaciones.

Algunos militares creen que esta situación podría resolverse, al menos en parte, si se acaba con el despido de los efectivos que cumplen 45 años. Es un problema asumido por la cúpula de las Fuerzas Armadas, pero ante el que a día de hoy ningún gobierno ofrece una solución. Y es que cada año son despedidos centenares de militares que provocan un goteo incesante de bajas en los tres ejércitos. Para evitar problemas de operatividad Defensa recurre a la externalización de servicios.

Más de 100 aeronaves participan mañana en una gran exhibición para celebrar el 75 aniversario del Ejército del Aire

Mira también Defensa externaliza a los mecánicos del Aire a la vez que despide a mayores de 45

Las cifras de despidos no son precisamente menores. 53.000 militares tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas hasta el año 2035. Según las cifras de las que dispone la subsecretaría de Defensa, cada año más de 2.500 familias de media perderán el empleo, siendo los años 2027 y 2029 los momentos con bajas más severas (4.218 y 4.

https://www.lainformacion.com/espana/defensa-militares-privatiza-seguridad-cuarteles/6525877/
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Ford Almussafes baraja cambios en las vacaciones de Motor y cerrar dos comedores o subir los menús y todos las asociaciones queremos dinero sin pensar que todo cuesta

La dirección de Ford Almussafes ha planteado este lunes en la Comisión Consultiva con los sindicatos acometer “cambios en las vacaciones” de la planta de Motores para adecuarlas al calendario de las fábricas norteamericanas, además de cerrar dos de los cuatro comedores para trabajadores que existen en la factoría valenciana o subir los precios de los menús con el objetivo de “reducir costes”, según han explicado a Europa Press fuentes sindicales.

En cuanto al calendario vacacional, la compañía argumenta que el 50% de las piezas mecanizadas y el 95% de los motores que se montan en Almussafes van destinados al mercado norteamericano, cuyas plantas cierran por vacaciones las dos primeras semanas de julio y de crear la planta valenciana un “estocaje” de tres semanas “crearía un problema de calidad”, explican las mismas fuentes.

En concreto, el planteamiento de la dirección de la automovilística para Motores –en la que trabajan unas 1.000 personas– supondría trabajar en dos turnos tanto en el departamento de Mecanizados como en el de Montaje.

En Mecanizados se trabajaría en dos turnos de lunes a viernes, del 14 de julio al 21 de agosto, de modo que las vacaciones se dividirían en dos turnos: el primero, del 14 al 31 de julio y el segundo, del 3 al 21 de agosto. En Montaje, el primer turno vacacional sería del 20 de julio al 7 de agosto, y el segundo, del 2 al 21 de agosto. De este modo, ambos turnos de vacaciones coincidirían la primera semana de agosto, y del 20 de julio al 21 de agosto solo trabajaría un turno.

De acometerse estos cambios, sería “el tercer año consecutivo” que los empleados de la planta de Motores de Ford Almussafes ven modificadas sus vacaciones, ha lamentado el portavoz de UGT y presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel.

Pese a la “delicada situación” de Motores –tras el anuncio de la compañía de trasladar a Estados Unidos la producción de los motores Ecoboost de 2.0 y 2.3 litros en 2024, esto es, el 90% de los motores que se fabrican en la planta valenciana–, Faubel ha pedido a la dirección que “argumente” su propuesta para ver “si realmente procede o no” realizar estos cambios y ha reclamado “certidumbre para los trabajadores”, quienes ya este año vieron modificadas sus vacaciones dos meses antes.

Desde CCOO, su portavoz José Arocas ha señalado que únicamente aceptarán cambios vacacionales cuando se hagan “voluntariamente” y “no se obligue a los trabajadores”, ya que, aunque dicen “entender la situación de Motores”, tampoco van a dar “un cheque en blanco a la empresa a cambio de nada”.

También STM-Intersindical se ha mostrado “en contra” de los cambios en el calendario, a no ser que sean “de manera voluntaria y con incentivos que faciliten esa voluntariedad“, ha apuntado su portavoz Paco González.

Respecto a los servicios al personal, la dirección de Ford ha planteado cerrar dos de los cuatro comedores de trabajadores o subir el precio de los menús con el “objetivo de coste cero” para la empresa a corto-medio plazo, desde enero de 2022, un objetivo que el dirigente de UGT, Carlos Faub

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/12/09/5dee858f21efa09b168b45e5.html
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