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Según la última encuesta de Población Activa llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al primer trimestre de 2023, la cifra de trabajadores ha aumentado un 1,83 % con respecto al mismo periodo del año anterior y la población activa lo ha hecho en 321.100 personas. Sin embargo, el 60 % de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años se encuentran parados o inactivos.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expone que casi el 40,8 % de la población juvenil activa en el mundo está desempleada o trabaja pero vive en condiciones de pobreza. A esto, añade que “el costo del desempleo juvenil para el desarrollo económico y social puede ser muy alto, pues perpetúa el ciclo intergeneracional de pobreza y, en algunas ocasiones, se asocia con índices más altos de delito, violencia, agitación social, abuso de sustancias y aumento del extremismo político”.
Ante estos datos, la OIT se ha marcado en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible promover el empleo y las empresas, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y fomentar el diálogo social. En relación al empleo juvenil, determina que se debe:
- Elaborar estrategias dirigidas a promover el empleo juvenil que equilibren una estrategia integral a favor del crecimiento y de la creación de empleo a través de intervenciones específicas, como la asistencia en la búsqueda de empleo o medidas a favor de la iniciativa empresarial juvenil para ayudar a los jóvenes a superar los obstáculos que les impiden el acceso al mercado de trabajo.
- Reducir el desajuste de las competencias a través de programas de formación que respondan a las necesidades del mercado laboral y de la introducción de componentes de experiencia laboral en la enseñanza técnica y la formación profesional.
- Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
