El Consejo Europeo ha rechazado los artículos 11 y 13, por lo que se deberá presentar un nuevo texto modificado para intentar que se apruebe la reforma de la Ley de Copyright en próximas votaciones.
Se frena de forma temporal un proceso legislativo que comenzó en 2016.
Croacia, Portugal, Finlandia, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Luxemburgo, Suecia, Alemania e Italia han votado en contra de aprobar los artículos 11 y 13 de la reforma de la Ley de Copyright. Ambos artículos contemplan un endurecimiento de la protección de contenidos digitales que, ante su posible aprobación, provocó que los creadores de contenido en internet iniciaran una fuerte campaña informativa sobre los perjuicios que la reforma de la Ley de Copyright podría generar sobre internet y sus creaciones.
Para los creadores, la aprobación de estos artículos podría suponer una seria amenaza a la libertad de expresión en Internet, afectando a una buena cantidad de sectores como el de los videojuegos o el entretenimiento vía streaming.
España aprueba su propia “tasa Google”
El Gobierno de España ha aprobado en el Consejo de Ministros dos proyectos de ley para la creación de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y sobre servicios digitales.
Ambos proyectos de ley deberán ser tramitados en la Cámara Baja y el Senado y solo entrarán en vigor después de su aprobación por el Congreso de los Diputados, si el Gobierno logra mayoría parlamentaria.
El impuesto sobre determinados servicios digitales se aplicará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Este impuesto prevé gravar con una tasa del 3 % la prestación de servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Por su parte, el impuesto sobre las transacciones financieras se presenta como una fórmula de la conocida a nivel internacional como “tasa Tobin”. Gravará con un 0,2 % las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.
