El Gobierno dará luz verde al anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia antes de que acabe el año.
Según ha anunciado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, la normativa establece el deber de comunicar cualquier indicio de delito contra los menores, garantizándose la confidencialidad y el anonimato de quien denuncie.
La norma establece medidas de sensibilización, preventivas, de detección y de intervención.
Además, la ley incluirá el diseño de protocolos frente a la violencia en los colegios que serán de obligado cumplimiento, así como el nombramiento de un responsable de bienestar y protección, cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas.
También considerará a los funcionarios de los servicios sociales como autoridad pública en situaciones de emergencia y se impulsará la creación de un registro único para garantizar que las personas que han tenido conductas de violencia de cualquier tipo contra los menores no puedan volver a tener relación con ellos.
