El Ministerio de Educación español ya tiene su propuesta para reformar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en la que, entre otras cosas, se eliminarán las reválidas y los polémicos itinerarios educativos y se planea reforzar la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación.
También incluye novedades como el impulso de un plan personalizado para los alumnos repetidores, que podría incorporar contenidos y exámenes diferentes de los del resto del grupo. Serían los profesores quienes deberán decidir qué estrategia emplear en cada caso.
El texto definitivo del proyecto de Ley, tras someterse a consulta de las organizaciones educativas y órganos de la Administración, llegará al Consejo de Ministros a fin de año.
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Otro aspecto destacable es la regulación de la enseñanza de la Religión. Se quiere que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza y que la calificación que pudiera obtenerse en esta asignatura no sea evaluable ni para becas ni para acceder a la enseñanza superior. Además, Educación en valores cívicos y éticos pasaría a ser obligatoria para todos los alumnos en un curso de Primaria y en otro de Secundaria.
Educación también planea que los Consejos Escolares recuperen las competencias que perdieron con la LOMCE, así como que se reincorpore en ellos al representante del Ayuntamiento. Además, pretende modificar el procedimiento para la selección de los directores, aumentando la participación del Consejo Escolar.
Por último, la propuesta de reforma de la actual ley educativa contiene un séptimo capítulo que con el nombre Modelo Territorial regula la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para definir los contenidos curriculares y el número de horas dedicadas a cada asignatura. Es decir, se recupera la fórmula de la LOGSE (derogada en 2006) y de la LOE (modificada por la LOMCE), estipulándose que el Ministerio determine el 55 % de los contenidos de todas las asignaturas cursadas en las autonomías con lengua cooficial y el 65 % en el resto; el otro 45 % o 35 % los determinarían las comunidades autónomas.
En relación a las lenguas cooficiales, el Gobierno se decantan por suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial.
