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El Gobierno español ha lanzado la primera guía estatal para la prevención, detección y actuación en situaciones de acoso homófobo en centros escolares.
El documento “Abrazar la diversidad: propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y transfóbico” ha sido presentado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En el texto se recogen 30 recomendaciones generales y una serie de recomendaciones particulares dirigidas a toda la comunidad educativa que tienen como objetivo reforzar la prevención, la detección y la actuación frente a situaciones de discriminación en los centros educativos por cuestión de orientación sexual.
Asimismo, se precisa una lista de indicadores para detectar casos de acoso escolar por homofobia o transfobia. 61 indicadores contrastables, organizados conforme a la diversidad de relaciones entre las partes: autoridades, personal docente, alumnado y familiares. Otros 16 indicadores permiten identificar si los centros educativos son espacios que favorecen el respeto a la diversidad sexual, familiar y de identidad de género.
En la presentación del estudio, Rosa Urbón, directora del IMIO ha recordado que cuatro de cada diez delitos que se producen en España están relacionados con la homofobia o la transfobia y, que, además, tres de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 29 años han sido testigos de agresiones homófobas en sus centros educativos y un 6,4% han presenciado palizas contra lesbianas, gays, bisexuales o trans.
Un 43% de los adolescentes y jóvenes lesbianas, gays o bisexuales entre 12 y 25 años que han sufrido acoso escolar han pensado alguna vez en suicidarse y el 17% lo ha intentado.
La guía también expone que siete comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y La Rioja) no disponen de ninguna legislación que haga una mención específica a la discriminación del colectivo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).
Únicamente tres autonomías (Cataluña, Extremadura y Galicia) disponen de instrumentos normativos específicos contra la discriminación LGTB y otras cuatro (Andalucía, Canarias, Navarra y País Vasco), dirigidos a garantizar los derechos sólo de la población trans.
