El Pleno del Congreso ha dado el visto bueno definitivo a la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia que aborda diversos aspectos como el sistema de adopción y acogimiento, las pensiones de orfandad, las condiciones de los centros para chicos con trastornos de conducta o el derecho de escucha en los procedimientos judiciales.
El paquete de enmiendas a la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia aprobado reformará una veintena de leyes para que sea considerados víctimas los menores expuestos a una situación de violencia de género y se ofrezca la pensión de orfandad completa a los hijos de un matrimonio en el que un cónyuge mate al otro.
La ley prima también el acogimiento familiar frente al residencial. A partir de ahora será la Administración la que decida dónde se aloja al menor sin que el recurso de los padres biológicos le condene a permanecer en un centro. Además, los padres podrán recurrir la declaración de desamparo, pero en tanto se dirime ese recurso, el niño estará en una familia de acogida y no en un centro.
Para facilitar la adopción, se creará un sistema adopción abierta para los casos en los que el menor quiera seguir manteniendo relación con su familia biológica y se establecerán criterios comunes para que los padres de acogida puedan adoptar. También se regulará el derecho los niños a conocer su pasado y se creará un registro unificado de maltrato infantil de libre acceso para todos servicios sociales de España.
Por otro lado, la ley otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Justicia para poner en marcha un Registro Central de Delincuentes Sexuales, prohibiendo trabajar con niños y adolescentes a quienes se incluyan en él por haber sido condenados por delitos contra la integridad o la indemnidad sexual de los menores.
Asimismo, los trabajadores que tengan contacto habitual con menores deberán probar, mediante una certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que no han sido condenados por delitos de esta índole.
