Corrupción en el campus: así controlan los políticos las universidades españolas

LUIS PAREJO28 comentariosVer comentarios

Desde que se transfirieron las competencias en educación, todos los gobiernos regionales y los grandes partidos han intentado mover los hilos del poder académico e infiltrar a los suyos en las aulas

«Como ocurre con casi todas las instituciones, los partidos políticos intentan controlar la Universidad para ponerla a su servicio, aunque esos intentos no siempre son exitosos». Son palabras del dirigente de la ONG Transparencia Internacional Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), situada este año en el centro de la polémica por una estela de escándalos y casos de corrupción académica al servicio de la clase política.

Los llamados casos máster podrían ser el ejemplo extremo de la delicada relación de fuerzas que existe entre la Universidad y la política, y que se manifiesta en forma de regulaciones, ordenaciones, asignaciones presupuestarias o en cuestiones más internas, como pueden ser la presencia en los consejos sociales, la influencia de partidos y sindicatos en la elección de los rectores o los procesos de selección del personal.

El también catedrático de la URJC Ignacio Sánchez-Cámara advierte, en este sentido, de los riesgos de la «invasión del poder político» o de supeditar el desarrollo de la Universidad al soporte político y, por ende, financiero. «La universidad debe ser muy celosa de su autonomía, pero también consciente de que cada vez es más difícil mantenerla», precisa.

Los intereses políticos se traducen en tensiones que arrancan en la propia elección de los rectores, un auténtico juego de tronos en el que cada candidato puede llevar la etiqueta de un partido, como sucedió en las últimas elecciones de la Complutense (con candidatos oficiosos del PP, el PSOE, UPyD y Podemos), quizás el ejemplo más paradigmático de estas dinámicas. Aunque en realidad imperan otras lógicas más relacionadas con las redes corporativas. «Que gane un candidato de PP o PSOE al final resulta indiferente, lo que importa es que den plazas o no en un departamento o que se creen cátedras o institutos de investigación», señala Villoria.

José Carrillo, ex rector de la UCM e hijo del histórico líder comunista, incluso apunta que, en ocasiones, los candidatos tienen que hablar con los partidos más para evitar que apoyen al contrario que para recabar su apoyo y también relativiza el poder de los partidos en los campus: «Saben que no tienen la influencia suficiente; aunque cuentan con afiliados en las universidades, carecen de poder y hay otros intereses que no tienen nada que ver con la política». En una comunidad donde conviven sensibilidades de todo tipo, añade, «aspiras a que no haya interferencias por parte del poder autonómico, aunque algún candidato se haya podido reunir con los titulares de Educación. Eso ha existido».

Banderías de amigos

Antonio Rivera, catedrático de la Universidad del País Vasco y ex vicerrector de esta institución, asume dentro de la normalidad que el rector tenga una determinada inclinación, aunque «los equipos son más plurales y diversos». Es decir, según el también parlamentario y viceconsejero de Cultura del País Vasco se tiende a la integración. «Nunca pregunté a nadie a quién habían votado», asegura en este sentido Carrillo.

Con o sin adscripción política, el catedrático de la Universidad de León Francisco Sosa Wagner cree que en estos procesos se forman «banderías de amigos» a los que se ofrecen puestos de vicerrectores, a los que se suma la oferta de cátedras, de plazas de profesores o institutos de investigación. Autor de El mito de la autonomía universitaria y a punto de publicar su Novela ácida universitaria. Aventuras, donaires y pendencias en los claustros, Sosa Wagner está convencido de que sobre esa base se edifican los programas electorales y cuando uno vence la gestión del día a día resulta muy sectaria.

Sea como fuere, las dinámicas electorales dejan rastro y son bien conocidas las polémicas que surgen entre rectores y gobiernos autonómicos de distinto signo político, como las que protagonizaron, precisamente, José Carrillo y el ejecutivo madrileño de Esperanza Aguirre. El ex rector defiende como inevitables las inclinaciones políticas pero señala que hay unos límites que no se deben traspasar. Límites que coinciden con los de la autonomía universitaria, que a su juicio que incluye «una autonomía económica y una financiación garantizada que no dependa de caer mejor o peor a la autoridad autonómica correspondiente».

Para Antonio Rivera, las relaciones entre las universidades y un gobierno autonómico pueden ser mejores o peores, pero no vienen tan determinadas por un color político. En este sentido, relata dos experiencias diferentes. Por un lado, la gestión de economía de guerra que su universidad sufrió en tiempos de la consejera Ángeles Iztueta (EA). Por otro, la del Gobierno socialista de Patxi López con el rector Iñaki Goirizelaia, entre los que «las cosas funcionaron muy bien y el Gobierno hinchó de dinero a la universidad pública». «Puede haber convicciones que trascienden a la política», subraya, al igual que la coincidencia de sensibilidades no tiene por qué significar un acuerdo permanente.

La universidad tiene que pronunciarse sobre determinados temas colectivamente. Quedarse callado nunca ha sido el espíritu

José Carrillo, ex rector UCM

En teoría existen mecanismos para frenar las cacicadas sobre la universidad, que van desde el control de las cuentas en los parlamentos a la movilización en los campus, como recientemente ocurrió en Castilla-La Mancha para reclamar una mayor financiación. Otra de las claves de la independencia, para Manuel Villoria, reside en que ni la entrada ni la carrera de los funcionarios dependa de los políticos y se articule un sistema de evaluación objetivo e independiente de la presión política.

Así las cosas, las universidades sortean con mayores o menores dificultades las tentativas de control y manipulación, porque no es lo mismo entrar en grandes instituciones, gobernadas por sus propias dinámicas, que en las de nueva creación, en las que las administraciones han podido controlar desde la construcción de los edificios a la selección del personal, que pudo entrar en comisión de servicios para después quedarse.

Dos instituciones madrileñas aparecen en este disparadero. En 1989 se creaba la Universidad Carlos III, impulsada por el entonces presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y su consejero de Educación, Jaime Lissavetzky. Liderada por el histórico socialista Gregorio Peces-Barba, la inicialmente llamada a ser la universidad del sur se instaló en Getafe y, porteriormente, en Leganés. Otros ayuntamientos del llamado cinturón rojo de Madrid, gobernados por PSOE e IU, apoyaron en 1995 la creación de la Universidad Rey Juan Carlos, la conocida como universidad del PP, impulsada por el entonces consejero Gustavo Villapalos bajo el Gobierno autonómico de Alberto Ruiz-Gallardón. El objetivo de estos municipios no habría sido otro que el de conseguir que sus campus se instalaran en aquellas localidades a las que no había llegado la Carlos III.

Puerta giratoria

Peces-Barba o Gustavo Villapalos han pasado a ser, precisamente, dos exponentes de la lista de rectores que han dado el salto a la política o de políticos que han aterrizado en las universidades, una prolífica cantera en la que destacan los ex ministros socialistas Virgilio Zapatero y Ángel Gabilondo y otros como Marius Rubiralta, Adelaida de la Calle, Alejandro Tiana, Carles Solá, Saturnino de la Plaza, Gabriel Ferraté… Todos ellos han sido magníficos y todos ocupan o han ocupado cargos de gobierno en diferentes niveles de la administración.

Algunos de ellos fueron también artillería pesada en la guerra que los rectores mantuvieron con el Gobierno a cuenta de la tramitación de la Ley Orgánica de Universidades, allá por 2001. Posicionamiento de orientación muy diferente a la de otros más recientes y contestados como la declaración institucional en la que la Universidad Autónoma de Barcelona pedía la puesta en libertad de los políticos presos o la firma de José Carrillo en el manifiesto socialista para «derrotar a la derecha», que suscribió siendo rector pero, según sus palabras, a título personal.

En general, se tiende a pensar que los pronunciamientos de la universidad se deben limitar al ámbito académico y reflejar el pluralismo que existe en los campus. «La politización en el sentido más innoble se produce cuando una institución pública se pone al servicio de intereses partidarios», lamenta Antonio Rivera.

Lejos parece haber quedado, de todos modos, la idea de la universidad como motor de revolución o cambio social porque, como asegura Sosa Wagner, se han convertido en centros tan cerrados que ahora son «campus santos», cementerios con un tono muy bajo, lo que no impide que profesores oalumnos no se impliquen en los grandes debates. «La universidad tiene que pronunciarse sobre determinados temas colectivamente. Quedarse callado nunca ha sido el espíritu», defiende Carrillo.

https://www.elmundo.es/papel/historias/2018/11/28/5bfd9ba7fc6c83544f8b4675.html
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