2017, mal año para la libertad de expresión en España

2017 “fue un mal año para la libertad de expresión, en el que alzar la voz se volvió peligroso”, ha declarado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación de la memoria anual de la organización.

En su Informe 2017/18, Amnistía Internacional España analiza las vulneraciones de derechos humanos en 159 países, entre los que se encuentra España. En relación a este país, la organización denuncia los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España y considera que este derecho se restringió de forma “desproporcionada” en 2017.

Concretamente alude a la situación en Cataluña, cuando tras suspenderse la ley del referéndum los tribunales prohibieron en Madrid y Vitoria dos reuniones públicas de apoyo al referéndum, además de haberse llevado a cabo el 1 de octubre en Cataluña un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y haberse encarcelado a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de asociaciones independentistas catalanas.

Foto: Amnistía Internacional

Por otro lado, la organización destaca en su informe la condena a un año de prisión impuesta a Cassandra Vera, una estudiante que bromeó en Twitter sobre el asesinato en 1973 de Luis Carrero Blanco. Por otro lado, este mismo martes el rapero Valtonyc vio confirmada su condena a tres años y medio de prisión por “enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona”, a causa de las letras de sus canciones.

En su memoria, Amnistía Internacional también incluye que España incumplió en 2017 su compromiso de reubicar a 15.888 solicitantes de asilo y 1.449 refugiados en aplicación de sendos programas de emergencia de la Unión Europea.

En relación a la violencia contra las mujeres, recoge que 48 mujeres (y 8 menores de edad) murieron a manos de sus parejas o exparejas; y en relación a los desahucios, resalta que miles de personas sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado. Se produjeron 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria.

Por último, recuerda que, un año más, las autoridades españolas continúan cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Además, denuncia que se siguieron sin adoptar medidas para localizar e identificar los restos de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Sobre Elena

Licenciada en Pedagogía, colaboro desde hace años en varios proyectos de la Asociación de Prensa Juvenil, ¡incluido este fantástico periódico! :)

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