Aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana

Aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana El Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista.

El 1 de julio entrará en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada con los únicos votos a favor del Partido Popular, que ha despertado el rechazo de colectivos sociales y juristas que consideran que dicha normativa limita los derechos de expresión y manifestación.

En su paso por el Senado, se han presentado 225 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana; sin embargo, sólo se han admitido algunas de ellas como la que rebaja los plazos de prescripción de las infracciones a seis meses, un año y dos años según éstas sean leves, graves o muy graves.

Por otro lado, la reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Sanciones que van desde los 100 euros hasta los 600.000

La Ley de Seguridad Ciudadana considera faltas muy graves (entre 30.001 y 600.000 euros) manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas y proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes, entre otras.

Las sanciones de las faltas graves oscilan entre los 601 euros y los 30.000 y se refieren, por ejemplo, a causar desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas; la desobediencia o la resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes; el consumo o la tenencia ilícitos de drogas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares públicos, así como el abandono de los instrumentos empleados para ello; y plantar y cultivar drogas en lugares visibles al público.

Las faltas leves se sancionan con multas de 100 a 600 euros, ya sea por la ocupación de casas y la venta ambulante no autorizada; negarse a darle la documentación a la Policía; causar daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados que estén en la vía pública; dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida; entre otras acciones.

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